Publicada el 16 de julio de 2002 “Open Letter to the Lord Chancellor and the Lord chief Justice concerning chief Magistrate Arbuthnot” , traducida del inglés al español por Gabriel Morales, ciudadano mexicano.

Por favor lea usted esta carta abierta en referencia a la Magistrada Jefa Arbuthnot y, si está de acuerdo con su contenido, por favor firme y/o comente en la sección para comentarios abajo disponible donde dice “Leave a reply”. También puede enviar un correo electrónico a jadc@protonmail.ch para solicitar que su firma (y si lo desea también su profesión y país de residencia) se agregue a la Carta abierta.El Comité Free Assange de Alemania ha traducido y publicado esta carta abierta en esta parte de nuestro sitio web.

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16 de julio de 2020
Para: Lord Buckland robert.buckland.mp@parliament.uk
Para: Lord Burnett de Maldon contactholmember@parliament.uk
LCJ.office@judiciary.uk

CARTA ABIERTA AL MINISTRO DE JUSTICIA Y AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO EN REFERENCIA A LA MAGISTRADA JEFA ARBUTHNOT

Los abajo firmantes respaldamos la queja por Mala Conducta Arbuthnot 15 07 2020 levantada por la Srita. Niki Konstantinidou ante la Oficina de Investigaciones de la Conducta Judicial del Reino Unido (JCIO) [UK Judicial Conduct Investigations Office], registrada con el número de caso 33195/20. La queja mencionada se refiere a la Magistrada Jefa Emma Arbuthnot y se apoya en evidencia sólida respecto a la conducta personal de la Magistrada Jefa fuera del tribunal, en relación con actores de alto nivel político, militar y de inteligencia expuestos por el Sr. Assange y WikiLeaks. [1]

Enfatizamos el hecho de que la Magistrada Jefa Emma Arbuthnot se benefició económicamente de las organizaciones expuestas por WikiLeaks y que su esposo e hijo estuvieron, en momentos muy relevantes, conectados con personas militares y de inteligencia, así como con entidades ocupadas en derribar la organización WikiLeaks y a su fundador, el Sr. Assange. El informe de investigación titulado “WikiLeaks exhibe los vínculos del esposo de la juez de Julian Assange con el establishment militar británico” [“Julian Assange’s judge and her husband’s links to the British military establishment exposed by WikiLeaks”] [2] establece lo siguiente:

“Puede también revelarse que Lady Arbuthnot ha recibido obsequios y hospitalidad en relación con su esposo de parte de una compañía militar y de ciberseguridad expuesta por WikiLeaks. Estas actividades indican que las actividades de la magistrada jefa no pueden considerarse como enteramente separadas de las de su esposo.”
“Cuando Lady Arbuthnot ocupaba su cargo anterior como juez de distrito en Westminster, ella personalmente junto con su esposo disfrutó de financiamiento por parte de dos fuentes expuestas por WikiLeaks en los documentos que dio a conocer.”

“Si bien los pagos fueron registrados en el registro parlamentario de intereses, las partes en el caso judicial no fueron informadas sobre éstos. A pesar de que el proceso de Assange ha sido muy criticado en todo el mundo, Lady Arbuthnot no consideró necesario mencionar estos pagos a las partes, ni al público ni a los medios de comunicación.”

“No se sugiere que Lord Arbuthnot haya ejercido alguna presión sobre Lady Arbuthnot por su cuenta o bajo pedido de tercera parte, ni que ella se habría sometido a semejante presión, pero hay una apariencia de sesgo que se podría haber evitado de haberse revelado esta conexión y Lord Arbuthnot hubiera evitado reunirse con esos individuos durante ese periodo.”

“Así, al mismo tiempo que Lady Arbuthnot presidía el caso legal de Assange, su esposo mantenía conversaciones con oficiales de alto nivel en Turquía expuestos por WikiLeaks, algunos de los cuales tienen interés en dañar a Assange y la organización WikiLeaks.”

El citado artículo finaliza como sigue:

“Conflictos de interés: los vínculos de Lord Arbuthnot con el establishment militar británico constituyen conexiones profesionales y políticas entre un miembro de la familia de la magistrada jefa y un grupo de organizaciones e individuos que se oponen profundamente al trabajo de Assange y WikiLeaks y que de hecho han sido expuestos por la organización.

La guía legal del Reino Unido establece que “debe declararse cualquier conflicto de interés en una situación litigiosa.” La guía judicial para los magistrados de parte del Ministro de Justicia y el Presidente del Tribunal Supremo es clara:

“Las personas del público deben tener confianza en que los magistrados son imparciales e independientes. Si usted sabe que su imparcialidad o independencia se hallan comprometidas en un caso particular, debe usted retirarse de éste inmediatamente… Tampoco debería usted tomar un caso del que usted ya sabe algo o que se relaciona con una actividad en la que usted está involucrado”.

A nuestro entender Lady Arbuthnot no ha cumplido en revelar cualquier potencial conflicto de interés en su papel como juez o como magistrada jefa.

Lady Arbuthnot es conocida por haberse excusado de asumir otros dos casos debido a potenciales conflictos de interés, pero únicamente después de investigaciones realizadas por medios de comunicación.”
El otro informe de investigación del Daily Maverick titulado “El hijo de la juez de Assange tiene vínculos con una compañía de seguridad de datos creada por el establishment británico de inteligencia” [“The son of Julian Assange’s judge is linked to an anti-data leak company created by the UK intelligence establishment”] expone conflictos de interés de Emma Arbuthnot en relación con su hijo. [3]

El citado informe finaliza con esta nota:

“La CIA ha dejado claro que está “trabajando para combatir” la organización WikiLeaks. Se reveló recientemente que una empresa española de seguridad le entregó a la CIA audios y videos de los encuentros privados de Julian Assange en la embajada de Ecuador, que incluían conversaciones confidenciales con los abogados que ahora lo representan en el caso de extradición supervisado por la madre de Alexander Arbuthnot, Lady Arbuthnot.”

De acuerdo con el Prof. Nils Melzer (Relator Especial de la ONU sobre Tortura en su carta de fecha 29 de octubre de 2019 y aquí adjunta):

“Debe enfatizarse que es la responsabilidad del Estado británico, y no del Sr. Assange o de su consejería de defensa, asegurar que los procedimientos legales serán efectuados de buena fe, por magistrados judiciales independientes e imparciales, y con cabal cumplimiento de la ley nacional e internacional. El deber del Estado de garantizar el debido proceso protege un interés público de importancia sistémica. Por tanto, su efectivo cumplimiento no puede recaer en la defensa, o delegado en la consejería de defensa, sino que debe ser proactiva y consistentemente garantizado por el Estado.”

De acuerdo con solicitudes de información pública hechas al Ministerio de Justicia, apenas recientemente se nos informó de los “Términos para el Nombramiento y Condiciones de Servicio del o de la Juez de Distrito (Tribunales de los Magistrados), de 2009” [“District Judge (Magistrates’ Courts) Terms Of Appointment And Conditions Of Service (2009)”] que en principio se aplican a la Magistrada Jefa Emma Arbuthnot.

Dichos Términos para el Nombramiento y Condiciones de servicio definen, entro otros, lo siguiente:
“17. Un/a Juez de Distrito (Tribunales de los Magistrados) puede ser removido por el Ministro de Justicia, con la concurrencia del Presidente del Tribunal Supremo, por motivo de incapacidad o mala conducta (s.22(5) Ley de Cortes 2003 [Courts Act 2003]). Tales decisiones se toman siguiendo los procedimientos contenidos en las Regulaciones de la Disciplina Judicial (Procedimientos Prescritos), de 2006 [Judicial Discipline (Prescribed Procedures) Regulations 2006].

CONDUCTA JUDICIAL
Conducta personal

55. El Ministro de Justicia y el Presidente del Tribunal Supremo creen que el público tiene derecho a esperar que todos los jueces mantengan en todo tiempo normas adecuadas de cortesía y consideración (…) Una queja fundamentada de conducta de esta clase, ya sea que tenga o no antecedentes, es susceptible de ser considerada como mala conducta desde la perspectiva del Ministro de Justicia y del Presidente del Tribunal Supremo.
62. Principios Generales. Las o los jueces deben asegurar que, en tanto se ocupen del oficio judicial, se conduzcan de manera consistente con la autoridad y la posición de un/a juez. No deben, bajo ningún concepto, participar en ninguna actividad que pueda socavar, o de la que se pueda pensar razonablemente que pueda socavar, su independencia o imparcialidad judiciales. Si en cualquier caso se produce cualquier cuestión de sesgo, los jueces deben guiarse por los casos juzgados, incluyendo el veredicto de la Corte de Apelaciones en el caso de Locabail (Reino Unido) contra Bayfield Properties Ltd y Otro (2000) Q.B. 451. Los jueces no pueden asumir ningún otro empleo remunerado, ni recibir o retener ningún pago o emolumento bajo ninguna circunstancia, excepto regalías ganadas por obras de su autoría. No pueden asumir ninguna tarea o participar en ninguna actividad que pueda limitar de alguna manera su capacidad de desempeñar a plenitud sus deberes judiciales. Deben conducir sus asuntos privados de modo que minimicen la posibilidad de conflicto o vergüenza. (…)
68. Política u otras actividades. Un/a juez debe estar dispuesto a abstenerse de cualquier actividad política o de cualquier otra índole que pueda implicarle exigencias de tiempo inadecuadas. Él o ella debe precaverse contra el surgimiento de circunstancias bajo las cuales su involucramiento en alguna actividad externa pueda dar una impresión dudosa sobre su imparcialidad judicial o entrar en conflicto con su oficio judicial.
76. Mal uso del oficio, etc. Un/a juez debe evitar cualquier acción que involucre, o que pueda considerarse que involucra, el aprovechamiento o el mal uso de su posición judicial o título para propósitos privados, por ejemplo, en conexión con asuntos de planeación local.

Quejas

79. (…) Cualquier queja relacionada completa o parcialmente con la conducta personal de quien detenta un oficio judicial será procesada por la Oficina de Quejas Judiciales [Office for Judicial Complaints] en función de las Regulaciones de la Disciplina Judicial (Procedimientos Prescritos) 2006. (…) [Judicial Discipline (Prescribed Procedures) Regulations 2006. (…)]”
Según lo arriba enunciado, de acuerdo con la evidencia de dominio público, queda claro que la Magistrada Jefa Emma Arbuthnot hizo mal uso de su condición judicial (como juez y como magistrada jefa supervisora en el caso Assange) fuera de la corte para ganancia o ventaja personal, es decir, para proteger y llevar adelante sus asuntos personales, así como los de su esposo y los de su hijo. Dicha mala conducta cae bajo el mandato de la Oficina de Investigaciones de la Conducta Judicial del Reino Unido (JCIO) [UK Judicial Conduct Investigations Office] al hallarse claramente dentro del ámbito de las Reglas de Conducta Judicial (Detentadores del oficio Judicial y otros) – Guía Suplementaria de 2014 [“The Judicial Conduct (Judicial and other office holders) Rules 2014 – Supplementary Guidance”], publicado en el sitio web del JCIO. La Regla 6 de la Guía de las Reglas establece que el JCIO solamente puede considerar una queja que contenga un alegato de mala conducta relacionada con el comportamiento personal de la o el juez, por ejemplo, un mal empleo de su estatus judicial fuera de la corte.

Que las autoridades británicas competentes hayan incumplido en manejar con seriedad esta indignante mala conducta judicial ha contribuido a lo que el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura, Nils Melzer, describe como un “sistema asesino” [4]. El Relator Especial afirma lo siguiente:

“Estamos hablando de derechos humanos, no de derechos de héroes o ángeles. Assange es una persona, y tiene derecho a defenderse y ser tratado de manera humana. Independientemente de lo que se le acuse, Assange tiene derecho a un juicio justo. Sin embargo se le ha negado deliberadamente ese derecho –en Suecia, los Estados Unidos, Gran Bretaña y Ecuador, y en vez de eso se le dejó pudrirse durante casi siete años en el limbo en una habitación para después repentinamente ser llevado a rastras y encarcelado en pocas horas, sin ninguna preparación, por una violación de fianza que consistió en recibir asilo diplomático de otro Estado miembro de la ONU por motivo de persecución política según lo prevé la ley internacional, al igual que incontables disidentes chinos, rusos y de otras nacionalidades lo han hecho en embajadas de países occidentales. Es evidente que estamos ante un caso de persecución política. En Gran Bretaña, la violación de fianza conlleva pena de prisión –aunque generalmente se castiga únicamente con multas, mientras que a Assange se le sentenció sumariamente a 50 semanas en una presión de máxima seguridad –claramente, un castigo desproporcionado, con el único propósito de asir a Assange por tiempo suficiente como para que Estados Unidos preparara su acusación de espionaje contra él.
¿Qué significa el hecho de que estados miembros de la ONU se nieguen a proporcionar información a su propio Relator Especial sobre Tortura?

Que se trata de un asunto prejuzgado. Se efectuará un proceso espectacular para hacer un escarmiento de Julian Assange. El punto es intimidar a otros periodistas. La intimidación, de hecho, es uno de los propósitos primordiales del uso de la tortura alrededor del mundo. El mensaje para todos nosotros es “Esto te sucederá si sigues el modelo de WikiLeaks.”

Bajo la supervisión de la Magistrada Jefa Emma Arbuthnot, pese a padecer una afección pulmonar crónica y contrario a la información médica dados los peligros que implica el Covid 19, al Sr. Assange se le sigue negando la fianza y permanece en la prisión de Belmarsh, donde pasa más de 23 horas diarias en su celda sin recibir los cuidados médicos que necesita.

La sociedad civil (incluyendo el grupo Doctors4Assange [5] y varias agrupaciones de periodistas) ha expresado críticas mordaces ante esta situación, al igual que organizaciones internacionales como el Consejo de Europa (el nombre del Sr. Assange está incluido en el sitio web sobre Protección al Periodismo / Seguridad de Periodistas del Consejo de Europa). El entorno de los crímenes perpetrados contra el Sr. Assange está bien delineado por el Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa, en una declaración emitida el 20 de febrero de 2020 e intitulada “Julian Assange no debería ser extraditado, debido al impacto que esto tendría en la libertad de prensa y por las preocupaciones acerca del maltrato que sufriría”. Su declaración analiza el contexto de la persecución política contra el Sr. Assange en los siguientes términos:

“La posible extradición de Julian Assange tiene implicaciones en los derechos humanos que van mucho más allá de su caso individual. La acusación produce importantes preguntas sobre la protección de quienes publican información clasificada de interés público, incluyendo a quienes exponen violaciones a derechos humanos (…) En consecuencia, permitir la extradición de Assange sobre esta base tendría un efecto atemorizante para la libertad de los medios y, en última instancia, podría obstaculizar a la prensa en el desempeño de su tarea como proveedora de información y vigilante público en las sociedades democráticas.”

Es desconcertante que, a pesar de la abrumadora evidencia de dominio público, las autoridades británicas correspondientes no hallen razón para investigar la conducta de la Sra. Arbuthnot, cuando dicha conducta parece ser contraria no solamente a los derechos del defendido, sino además contra el ya mencionado “inherente interés público”. Es asombroso que continúen imperturbables por el desprecio sistemático de la Sra. Arbuthnot hacia la ley. Entre otras cosas, su conducta parece violar el derecho del Sr. Assange al debido proceso, consagrado en el Artículo 6 de la Ley de Derechos Humanos de 1988, del Reino Unido, y de la Convención Europea de Derechos Humanos.

Más aún, llama la atención que esas autoridades que supervisan la conducta judicial conserven la calma ante el hecho de que la Sra. Arbuthnot parece haber hecho un hábito el “hacerse a un lado” únicamente luego de ser evidenciada por los medios de comunicación. Esta vez, aunque se sintió presionada para “hacerse a un lado” del caso Assange, ella se “hizo a un lado” … pero no mucho. Como Magistrada Jefa, sigue fungiendo como figura supervisora legal del caso “responsable de… apoyar y guiar a sus colegas jueces de distrito.”

Desde nuestra perspectiva, hay clara evidencia de primera mano de que la Magistrada Jefa Emma Arbuthnot violó los “Términos de Nombramiento y Condiciones de Servicio” [“Terms Of Appointment and Conditions of Service”] que se le aplican, así como las leyes relevantes sobre conducta judicial.

Según se enunció anteriormente, una queja sustanciada de conducta de esta clase, ya sea que tenga antecedentes o no, es susceptible de ser considerada como mala conducta por el Ministro de Justicia y por el Presidente del Tribunal Supremo. El Ministro de Justicia puede, con la concurrencia del Presidente del Tribunal Supremo, remover de su oficina a un/a Juez de Distrito (Cortes de los Magistrados) debido a mala conducta.

Dada esta prolongada situación inaceptable, firmamos esta Carta Abierta porque el estulto burocratismo y la burda negligencia (por decir lo menos) con que se ha tratado la vida del Sr. Assange ha excedido todos los límites. Hacemos sonar la mayor alarma por los pasillos de la Historia. Las pésimas acciones y omisiones de las y los responsables están registradas. Commodum Ex Injuria Sua Nemo Habere Debet (nadie debe obtener ventajas del mal que hace).

Perseguimos una investigación inmediata de este asunto como un tema de urgencia y la destitución de la Magistrada Jefa Emma Arbuthnot por mala conducta.

Notas:

[1]. V. el artículo “REVEALED: Chief magistrate in Assange case received financial benefits from secretive partner organisations of UK Foreign Office” (REVELACIÓN: la magistrada jefa del caso Assange recibió beneficios financieros de parte de organizaciones secretamente socias de la Oficina de Asuntos Esteriores del Reino Unido”) publicado el 21 de febrero de 2020 (https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-02-21-revealed-chief-magistrate-in-assange-case-received-financial-benefits-from-secretive-partner-organisations-of-uk-foreign-office/)
[2]. (https://www.dailymaverick.co.za/article/2019-11-14-julian-assanges-judge-and-her-husbands-links-to-the-british-military-establishment-exposed-by-wikileaks/amp/)
[3]. https://www.dailymaverick.co.za/article/2019-11-15-conflicts-of-interest-judge-in-julian-assange-case-fails-to-declare-sons-links-to-uk-and-us-intelligence/
[4]. V. https://www.republik.ch/2020/01/31/nils-melzer-about-wikileaks-founder-julian-assange
[5]. V. Doctors4Assange en The Lancet: https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2930383-4 y en https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)31444-6.pdf
Testimonio experto sobre los riesgos de Covid 19 en prisiones y centros de detención. NB: se produjo un documento más específico respecto a Belmarsh, el cual no es aún del dominio público. http://prisonreformtrust.org.uk/portals/0/documents/COKER_Report_HL_PRT.pdf
[6]. https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/julian-assange-should-not-be-extradited-due-to-potential-impact-on-press-freedom-and-concerns-about-ill-treatment#59640414_888376_True

Para las y los signatarios, ver las respuestas y la lista aquí:

Suscribo esta carta. La parodia del proceso a Julian Assange debe detenerse y él debe ser inmediata e incondicionalmente liberado. Las autoridades –locales e internacionales- deben desplegar todos los recursos necesarios para investigar con urgencia y perseguir la miríada de crímenes expuestos por WikiLeaks.
Enseguida se halla la lista de signatarias y signatarios que suscriben la carta extraída de las respuestas publicadas, así como las recibidas por correo electrónico hasta el 12 de agosto de 2020.